San Martín: el HCD adhirió a un programa de ayuda económica

Por Redacción

El Concejo de San Martín aprobó, en votación dividida, una declaración de rechazo al DNU de Fernández que generó polémica por el caso Vicentin. Adhirió además a la Ley 8.435/2020 de creación del Programa de la Economía Social de Mendoza.

El Concejo Deliberante de San Martín rechazó oficialmente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 522/220 mediante el cual el presidente Alberto Fernández intervino a la empresa Vicentin, actualmente en proceso de concurso de acreedores.

Lo hizo a través de la Declaración 2878/2020 que recibió siete votos, oficialistas, a favor y cuatro en contra desde la bancada del Frente de Todos – PJ. Además hubo una abstención: la concejal Érica Giménez, Libres del Sur, Bloque Cambia Mendoza.

La iniciativa, que encendió un debate por momentos áspero, fue presentada durante la Sexta Sesión Ordinaria del cuerpo deliberativo del Este mendocino. Fue tratada durante varias horas de la mañana del viernes –3 de julio de 2020- y había sido presentada por Elizabeth Cordeschi, PRO, Bloque Cambia Mendoza.

Antes de que los ediles esteños se enfrascaran en la dura discusión por Vicentin, se aprobó la Ordenanza 2961 que nació a instancias del Expediente 174/2020 por el cual la Municipalidad de General San Martín adhirió a la Ley 8435/2020. La norma local establece la creación del Programa de la Economía Social y Solidaria de Mendoza.

“Creo que nos puede servir como una herramienta para que los mismos concejales gestionen asistencia a los emprendedores. Esto, para apoyar a los emprendimientos que han visto resentidas sus rentabilidades por la crisis de la pandemia por el coronavirus”, argumentó Daniel Llaver, UCR, Bloque Cambia Mendoza. Llaver fue el autor de la iniciativa junto a su par Érica Giménez.

Polémica en el HCD por el caso Vicentin

Cerca del mediodía, en la sesión en la que los 12 concejales –que integran el cuerpo- trataron 95 expedientes, comenzó el tratamiento de la inciativa de Elizabeth Cordeschi, PRO, Cambia Mendoza.

Fue luego de un cuarto intermedio en el que la primera en tomar la palabra por el caro asunto fue Paula Repetto, Frente de Todos, PJ. La edil realizó un recontó histórico sobre la constitución de Vicentin durante el gobierno de Onganía. Recordó la relación de la empresa con distintos golpes de Estado. Y dijo: “Martínez de Hoz le regalo el puerto de Aguas Profundas donde se controla el ingreso y la salida de granos del país. Y durante el gobierno de Macri se estatizó una deuda de dos millones de dólares que estamos pagando todos los argentinos. Yo me pregunto si estamos a favor o no de la timba financiera que produce estragos en la sociedad. Por eso estamos en contra –del entonces proyecto- considerando que hay contextos deben ser tenidos en cuenta”.

Desde la UCR, Cambia Mendoza, no tardó en llegar la respuesta: “Lo que nosotros estamos defendiendo es la seguridad jurídica del país. Si los funcionarios realizaron actos de corrupción deberían quedar presos. Durante el gobierno de Cristina ¿nadie sabía de esto? El doctor Alberto Fernández se basó en una ley del proceso, del gobierno de Videla. Además de no hacer nada a favor de Mendoza, se tomó el trabajo de hacer cosas que son muy sensibles con los mendocinos”, contestó Sergio Dubé.

E insistió el radical: “Si hicieron algo irregular los funcionarios deben ir presos. Pero no se puede ir contra la propiedad privada en la forma que lo hicieron. ¿Qué pasó con la deuda de la familia de Rodolfo Gabrielli de unos 10 millones de dólares con el exbanco de Mendoza que al parecer expiró? La verdad es que la historia de Vicentin la conocemos todos. Pero hoy es Vicentin y pasado mañana puede ser una empresa de San Martín o del resto de Mendoza”.

En tanto, Dubé admitió que “esto la gente lo rechaza de manera generalizada. Es una aberración jurídica la forma en que se avanzó enviando a los interventores y la Justicia falló en contra. Cualquier acto de irregularidad que lo pague quien lo tiene que pagar. Ese es un tema que lo debe decidir solamente la Justicia. No quiero pensar lo que puede pasar con un Poder Ejecutivo que quiera hacer lo que quiera cuando quiera, sobre todo y en contra del derecho a la propiedad privada”.

En defensa de la historia del peronismo

Levantando nuevamente el guante, Repetto solicitó la palabra: “Hay dos cosas que quiero dejar claro. El año pasado, cuando se estaban otorgando los créditos nadie dijo algo. Se otorgaron 26 créditos en un mes. No creo en la santa propiedad privada. No creo que el peronismo tenga una historia de expropiación. Eso no es una cuestión corriente que se vaya a dar todo el tiempo. Creo que quieren confundir y que se pierda lo más importante. Hay una gran empresa en la Argentina que cerrándola sabemos lo que pasará con la gente que depende de ella. Sabemos lo que sucede cuando se produce el vaciamiento de empresas y lo hemos visto en Mendoza”.

Acudiendo en su apoyo -a través de la plataforma Zoom- Débora Mussato, Frente de Todos, PJ, consideró: “Esto lejos está de avasallar la propiedad privada. Creo que el proyecto cuando considera la inconstitucionalidad del DNU debería antes analizar con mayor profundidad esa consideración”, inició.

Y añadió: “Creo que no es la intención de Alberto Fernández venir a Mendoza a intervenir alguna empresa. No hay que generalizar. Estamos hablando de una empresa que es al octavo exportador de granos y el primero de aceites. El mercado de granos está altamente concentrado en la Argentina. ¿Qué solución alternativa se propone para recuperar a esta empresa que va a dejar a 30 mil familias en la calle, en forma directa e indirecta?”, preguntó. Y completó: “Estamos hablando del vacío de la empresa a propósito. ¿Qué va a pasar con el Banco Nación y con la ayuda que debe brindarle a las Pymes, a los productores, si se lo lleva puesto una sola empresa? Con la plata que le prestaron a Vicentin se podrían haber financiado unas 400 mil empresas a tasa cero. No mezclemos. No confundamos. No tomemos una verdad a media que ni siquiera el juez concursal de la causa se declaró competente”.

El foco en los procesos concursales

Luego, el concejal radical Mario Rivero, Cambia Mendoza, defendió: “En realidad lo que estamos rechazando es la intervención. Aquí hay que tener en cuenta los procesos concursales. Todos los trámites los dirime el juez de la quiebra o el juez de casación. Tendría que haber sido establecida por el juez del concurso. No puede intervenir el Ejecutivo”, explicó.

Asimismo, Rivero, reiteró que “el juez es quien tiene la potestad. Estamos rechazando que desde el Ejecutivo se nombre un interventor. La empresa está en concurso, no está en quiebra. Habría que ver la forma en la que se llega a un acuerdo con los acreedores. Esto puede terminar en quiebra o no. Es un concurso de acreedores”, apuntó.

Además preguntó: “La expropiación de Vicentin ¿no significa estatizar la deuda? Considero que expropiar es también adquirir la deuda. Los DNU necesariamente tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Esto no es materia del Ejecutivo. Han tomado como figura una ley de 1979 –Ley  21.499- y han fundamentado mediante un engendro la expropiación. Habría que esperar el proceso del concurso. Eso lo dirimirá el juez del concurso. De ninguna manera el Estado debe intervenir en un problema que es estrictamente entre particulares. Este es un tema peligroso. Los interventores son judiciales, no son del Estado Nacional”, sentenció.

Del otro lado, el peronista Oscar González, Frente de Todos, respondió: “Lo que ha dijo el concejal Rivero respecto a la ley de quiebras es correcto. También ha dicho muy bien que esto es un asunto entre particulares. Las instituciones que aquí se están analizando son instituciones de derecho público”, introdujo.

Y acotó que “el derecho de propiedad es uno fundamental, que sirve para defender la vida y tiene función social. Esto no es nada más que el problema de los acreedores. Hay una cuestión de interés público que excede a los intereses particulares. El caso Greco comenzó siendo una cuestión entre particulares y terminó perjudicando a mucha gente más”, recordó.

González confesó: “No he visto jamás a un condenado penal por una quiebra fraudulenta. Es muy grande el daño que se le produce a una sociedad, cuando no hay una conclusión adecuada, un proceso concursal. El Estado de ningún modo tiene responsabilidad sobre las deudas. ¿Se puede intervenir? Claro que se puede. ¿Se puede ocupar una empresa? Sí se puede. Hay muchos ejemplos donde se ha intervenido. Es el caso del cobre en Chile, y no se atrevieron a volver atrás con medidas que tomó Salvador Allende o Frei padre”.

La intervención a Vicentin que dispuso por decreto Alberto Fernández tiene el formato jurídico de una «ocupación temporánea anormal», figura que fue creada por la última dictadura militar con una ley que lleva la firma de Jorge Rafael Videla.

Vicentin, el kirchnerismo y Portezuelo

El último en hablar antes de la votación fue Dubé: “El kirchnerismo tienen la particularidad de hablar de la empresa y del Banco Nación. Nosotros hablamos de otra cosa. Está claro que algo que importa es el tamaño de la empresa. También es verdad que no se nos cae de la boca Portezuelo del Viento”, espetó aludiendo uno de los dichos de Mussato. “Simplemente, para que se entienda, que si los empresarios y directivos del Banco Nación también cometieron errores que lo paguen. ¿Saben qué? Ustedes hicieron una expropiación que fue la de The Old Fun y todo ese proceso se hizo en el Congreso”, cerró.

La votación a favor del rechazo se produjo antes de las 14. Fue por siete votos a favor y cuatro en contra que resolvió la Declaración 2878/2020 en rechazo al DNU 522/2020.

Segundo reclamo a Nación por un ATN de asistencia

Finalmente se analizó el Expediente 205/2020 para reclamar al Poder Ejecutivo Nacional el ATN correspondiente a la atención de la pandemia por el coronavirus. “Sin importar el color político de cada municipio”, según rezaba en su redacción.

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