La vicedirectora de la Escuela Blanco Encalada denunció a funcionarios de la DGE

Por Redacción

Carolina Gutiérrez, la vicedirectora que causó revuelo por utilizar el lenguaje inclusivo en la escuela Blanco Encalada, de Junín, denunció penalmente a Hugo Martín y Francisco Fernández que avalaron su desplazamiento del cargo. Para ello contó con la asistencia legal de la CTA Mendoza, que junto al SUTE acusaron al Gobierno de «persecución» contra la docente por ser militante del PJ.

Carolina Gutiérrez, la vicedirectora que causó revuelo por utilizar el lenguaje inclusivo en la escuela Blanco Encalada, de Junín, denunció penalmente a dos funcionarios de la Dirección General de Escuelas (DGE) que avalaron su desplazamiento del cargo. Para ello contó con la asistencia legal de la CTA Mendoza, que junto al SUTE acusaron al Gobierno de «persecución» contra la docente por ser militante del PJ.

En una breve conferencia de prensa brindada en la sede de la CTA local, Gutiérrez aseguró: «Nunca me imaginé que un saludo inclusivo iba a generar tanto revuelo y tomar esta impronta. Para mí, la inclusión es dar la bienvenida al otro, y este saludo me parece uno de los dispositivos para hacerlo, como así también las estructuras edilicias y un montón de otros dispositivos que hoy las escuelas públicas no están preparadas para eso».

«Estoy muy preocupada y también ocupada en el tema de la inclusión», añadió en forma expeditiva y concisa.

Por su parte, la representante legal de la CTA Mendoza, Janet Maldonado, explicó que su defensa legal serán tres líneas de acción: el emplazamiento al titular de la DGE, Jaime Correas; una acción de amparo sindical para que Gutiérrez sea restituida en su cargo; y una denuncia penal contra Hugo Martín, delegado regional de la zona Este, y Francisco Fernández, director de Asuntos Internos de la DGE, que avalaron el desplazamiento de la docente.

Maldonado indicó que el emplazamiento contra Correas obedece a que Gutiérrez «fue víctima de violencia y agresión por parte de algunos padres, pero la DGE no tomó medidas correspondientes» para salvaguardar la integridad de la afectada. En el caso del amparo sindical, la letrada consideró que el mecanismo de desplazamiento «no fue el adecuado».

Finalmente, la abogada sostuvo que Martín y Fernández «cometieron actos de discriminación incumpliendo sus deberes de funcionarios».

Gremios denuncian «persecución política»

Tanto el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, como su par de la CTA Mendoza, Gustavo Correa, coincidieron en que Gutiérrez es víctima de una «persecución política» a manos de la DGE, por su militancia en el justicialismo, y además justificaron el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.

En ese sentido, Correa aseveró que desde la DGE «están justificando perseguir a una trabajadora de la educación con un fundamento que no tiene ningún sentido. Sentimos que hay un hecho de persecución que está más vinculado a lo que hoy empieza a aparecer en los medios, por eso vamos a hacer la denuncia contra dos funcionarios que han declarado públicamente que la han separado del cargo por ser adherente al Partido Justicialista».

Fuente: Diario MDZol.-

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